La violencia política atraviesa diversas esferas de la vida social de México. Como tal, es una expresión polifacética de la violencia estructural. En especial, la que atañe a las personas que buscan algún cargo de representación pública y que en el contexto electoral 2017-2018, el más violento en la historia reciente de México, significó más de 774 agresiones contra actores políticos, de las cuales 152 fueron asesinatos. Pero la violencia política no sólo se queda ahí, también se extiende a otros sectores.

Mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos están imbuidos dentro una oleada de violencia generalizada, que atraviesa su ser político, “el instinto social de justicia del zoon politikon” (Feher, 2012) que se manifiesta en el accionar cotidiano de la búsqueda de una sociedad más democrática y justa. Frente a la búsqueda para ocupar espacios de participación en el escenario político, como una forma de ejercicio de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el acceso a la información, busca erigirse el miedo, el horror y las diversas formas de violencia que silencian voces, aplacan el disenso, limitan el escrutinio público y la lucha contra la corrupción. Y en este escenario, la impunidad, también vuelve a imponerse.

La red rompe el miedo (RRM), una iniciativa de Artículo 19, que en el proceso electoral 2018 contó con la colaboración de la Red en defensa de los derechos digitales (R3D) y Data Cívica, tuvo como objetivo preservar el libre flujo informativo mediante la prevención, monitoreo, documentación, denuncia y atención de agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y observadoras electorales, así como la verificación de información que pudiera inhibir el voto o el ejercicio periodístico. En total se registraron 185 agresiones, de las cuales, 63 se registraron el día de la elección. 96% fueron perpetradas en contra de la prensa; el resto, 3.78%, equivalente a siete agresiones; una, en contra de un familiar de un reportero; dos en contra de observadores electorales; y cuatro en contra de civiles. La inntimidación y hostigamiento ocupó el primer lugar de agresiones (40%); el Bloqueo, alteración o eliminación de información (17%), los Ataques físicos (16.2%); y las Amenazas (14.59%). La violencia también se hizo extensiva en la esfera digital, Ataque a redes (2.16%) e Intervención o vigilancia ilegal de comunicaciones (2.16%).

Las respuestas que busquen enarbolarse deben reconocer el carácter multidimensional de la violencia política, lo cual debe incluir a una diversidad de actores estatales y no estatales, así como también contemplar, entre otras cosas, mecanismos de i) prevención, ii) recolección de datos sobre la violencia, iv) investigación, v) protocolos y sistemas de denuncia y vi) mecanismos de acceso a la justicia. De igual forma, reconocer que la protección de los derechos humanos, debe garantizarse tanto en el espacio físico como en el esfera digital.