“Clepto”, del griego, quitar. La Cleptomanía ha sido objeto de debate para su diagnóstico como un trastorno del control de los impulsos mediante el cual un individuo no puede resistirse a robar. La Cleptocracia es, quizás también un trastorno, donde el gobierno de aquellos que construyen y sostienen su poder bajo la tiranía del robo.

Lava Jato puso al descubierto la que es la trama de corrupción más compleja y extensa que se ha conocido en la región. La organización criminal expuesta en el trascurso de la investigación ha demostrado tener un lacerante costo económico. Los montos totales han tenido estimaciones escandalosas, superando los 700 millones de dólares estadounidenses.

Los efectos de esta trama no son sólo económicos. Lava Jato se ha expandido sobre la estructura institucional de Brasil inmiscuyéndose en los recovecos más recónditos y poderosos, siendo quizás el síntoma más alarmante del escenario que atraviesa la región. La fundamental publicación de The Interept[1], ha expuesto las debilidades del Poder Judicial en Brasil cuestionando la independencia del Juez Moro, quien ha tenido una meteórica carrera política al abrigo del actual presidente del gigante carioca, Jair Bolsonaro. La publicación de The Intercept obliga a cuestionar la independencia de la investigación llevada a cabo contra Luiz Inacio Lula Da Silva, así como la legitimidad de la encarcelación del ex presidente. ¿Qué sería hoy de Brasil si Lula no hubiera sido encarcelado?

La acepción clásica de “corrupción” se restringe a señalar un abuso de un poder para satisfacer un beneficio personal. Cohecho, fraude, tráfico de influencias, favoritismos. Sin embargo, parece que la amplitud de efectos que tiene la corrupción en la región nos obliga o bien a expandir su significado, o bien a encontrar nuevos términos.

Las tramas delictivas provocan un deterioro institucional, que puede traducirse en un impacto alarmante en el medioambiente, particularmente en Latinoamérica[2]. La minera Vale ha sido responsable de dos catástrofes en el Estado de Minas Geráis en Brasil (2015-2019) con un doloroso saldo humano y medioambiental. Ambas han sido desatadas principalmente a la falta de controles internos, y también gubernamental de las condiciones bajo las que se desarrollan estas actividades económicas. Un cúmulo de malas prácticas que se ven reflejadas en un atentado al medioambiente, cobrándose vidas humanas, como efecto nocivo de la negligencia institucional en el desarrollo social y medioambientalmente responsable de las actividades económicas.

El agua se presenta como un eje de gran condensación de riesgos, en donde los efectos de la corrupción y la debilidad institucional puede maximizar los daños. La CEPAL reconoce en su informe regional de 2018[3] una mayor conflictividad en torno a los proyectos hídricos, en donde se deben enfrentar movimientos con intereses heterogéneos con diversos grados de violencia. Como uno de los Nuevos Requerimientos Relativos a la Gobernabilidad, se destaca la necesidad de alentar “el desarrollo y uso de nuevas posibilidades de comunicación social con la temática hídrica, como el internet y redes sociales y la emergencia de nuevas formas de organización, movilización social, y participación ciudadana”. El involucramiento de la ciudadanía en la prevención y control de prácticas corruptas es fundamental para ser efectivos en esta lucha.

De manera aberrante y sin escrúpulos, la corrupción y sus múltiples efectos se traduce en atropellos a los derechos fundamentales de aquellos que intentan prevenir o denunciar estos crímenes, haciendo recordar a los momentos más trágicos de las dictaduras Latinoamericanas. Desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones, persecución, amenazas. Aquellos defensores de Derechos Humanos, activistas, o ciudadanos que deciden defender nuestros derechos fundamentales, están bajo un gran, constante e inminente riesgo.

La semana pasada, el reconocido medioambientalista José Luis Álvarez fue hallado muerto en México.[4] El activista había recibido amenazas de muerte, y sin conseguir respuesta, había incluso solicitado protección a las autoridades correspondientes. Volviendo a Brasil, no podemos olvidar a Marielle Franco, también asesinada, por defender los derechos fundamentales de los pueblos y sus colectivos más desprotegidos. Los activistas, medioambientalistas o los profesionales de Derechos Humanos son solamente algunos de los grupos que se encuentra bajo inminente amenaza. Periodistas, mujeres, comunidades de pueblos originarios, colectivos LGBTI se encuentran también bajo extrema vulnerabilidad.

La protección de aquellos que denuncian, de que aquellos que alertan sobre los crímenes que atentan contra el interés público es todavía una deuda para los latinoamericanos. En un auge de la Cleptocracia, el desarrollo y fortalecimiento de marcos culturales y legales que promuevan y protejan al “whistleblowing” se presenta como una profunda necesidad para enfrentar un poder criminal al que no le tiembla la mano a la hora de cobrarse costos humanos ni medioambientales en la región.

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[1] https://theintercept.com/2019/06/09/procuradores-tramaram-impedir-entrevista-lula/
[2] http://ambiental.net/2016/04/corrupcion-extractivismos-y-dano-ambiental-una-intima-asociacion/
[3] https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/informe_regional_america_latina_y_caribe.pdf
[4] https://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-ambientalista-jose-luis-alvarez-en-tabasco