La situación es particularmente preocupante para las personas y comunidades que defienden el medio ambiente. En los últimos años, varias organizaciones internacionales han expresado preocupación por su situación y documentado la cantidad de incidentes que han sufrido por alzar su voz en favor de nuestro planeta en las Americas.
Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras son los países más inseguros para la defensa de estos derechos. En Honduras, la muerte de la defensora Berta Caceres el año 2016 evidenció la falta de una protección efectiva que garantice la posibilidad de una persona se oponga a “proyectos de desarrollo” sin que esto represente una sentencia de muerte. Hoy, el mundo espera que la justicia hondureña pueda identificar los autores intelectuales de su asesinato como una manera de entender la raíz de la violencia, y así poder tomar medidas efectivas para la protección de personas defensoras en el país y en la región. En México, de enero a junio de 2019, ya son por lo menos 12 defensores asesinados, mucho de ellos con medidas de protección otorgadas por el mecanismo llamado a brindarles protección. Por otro Colombia, de 2016 a abril de 2019 alrededor de 700 líderes/a sociales han sido asesinados en el país.
Hay distintas razones por las cuales, estas personas defensoras se encuentran en una situación particular de riesgo en la región. La primera es porque muchas de ellas ya hacen parte de grupos vulnerables, tales como pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Además, la región todavía ostenta el título de región más desigual del mundo[1], lo que agrava la situación de comunidades que ya presentan un alto grado de vulnerabilidad y que, por ende, están más susceptibles a ataques. El segundo se debe a la explotación de recursos naturales en sus territorios y el control que tratan de ejercer sobre ellos grupos armados en la región. Lo anterior ha llevado a la afectación al derecho al territorio de comunidades tradicionales, derecho, la intensificación de la violencia, e impactos al medio ambiente generado bien sea por temas de contaminación o por actividades ilegales en la zona, tal como la tala ilegal.
El tercero factor es la falta de protección adecuada a personas y comunidades defensoras del ambiente. Los Estados han creado Mecanismos de Protección que habitualmente trabajan de manera reactiva ante incidentes específicos contra una persona defensora, y no abordan el problema de manera integral. Las repuestas de los Estados han sido sobre todo muy débiles cuando se tratan de comunidades que a través de sus procesos colectivos han sido atacadas, pues muchos de ellos todavía ven la defensoría de los derechos humanos como algo individual y no como algo colectivo. En ese sentido, los países de la región, en particular los que presentan altos números de ataques contra personas defensoras, deben desarrollar una política pública integral de prevención y protección hacia las/los defensoras/es de derechos humanos en la región que permita atacar las causas de la violencia en su contra y que garantice un espacio seguro para la ejecución de su labor.
Ejemplo de esto último ocurrió en octubre de 2018, con la muerte del defensor Julián Carrillo, en el estado de Chihuahua en México. Julián fue el sexto miembro de su familia asesinado en su territorio. Su muerte se dio luego de más de 20 años de defensa de la Sierra Tarahumara por la presencia de grupos armados ilegales y concesiones mineras en el lugar que él consideraba como su casa. Estos asesinatos demostraron la inefectividad de estos mecanismos protegerlo no solo a él sino a toda su comunidad y le recordó al mundo la peligrosa situación que viven quienes defienden el medio ambiente en México y en la región.
En el contexto actual de crisis climática y ambiental no debemos permitir que asesinen a las personas defensoras y con ellas, a nuestros ecosistemas y la garantía de un ambiente sano fundamental para nuestra existencia. Los Estados de la región deben asumir e implementar sus compromisos en materia de garantizar un entorno seguro para la defensora de los derechos humanos y ambientales. Los Estados pueden adoptar medidas sencillas para garantizar la protección de las/os defensoras, como, por ejemplo, reconocer públicamente la labor que ejercen defensores/as en general, y también en casos particulares. Lo anterior ayuda a respaldar el trabajo, les protege y es una manera muy efectiva para combatir la estigmatización que constantemente sufren. Los Estados deben proporcionar planes de protección más eficaces, exhaustivos y concertados, incluyendo las medidas preventivas diseñadas en la política de prevención y colectivas para garantizar la seguridad de las personas defensoras, en particular de quienes trabajan en contextos rurales y ejercen liderazgo colectivo en comunidades afrodescendientes, campesinas, liderazgos comunales y comunitarios y Pueblos Indígenas. Es importante de garantizar la participación de los defensores y defensoras en situación de riesgo, junto con las organizaciones de la sociedad civil por medio de una consulta adecuada para evaluar qué tipo de medidas de protección se ajustan a sus deseos.
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[1]https://news.un.org/es/story/2018/04/1431712