A 3 semanas de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2019, el panorama para Guatemala es aún más tumultuoso que hace 4 años. Es evidente que desde las icónicas manifestaciones del 2015, al seguir avanzando diversas investigaciones de corrupción a raíz del caso “La Línea” (que puso en jaque por primera vez a un Presidente y Vicepresidenta en el país), los grupos criminales incrustados en el Estado han emprendido una efectiva afrenta a cada institución que ha intentado sumarse a la lucha contra la corrupción.

Durante todo el año pasado, la máxima corte, la Corte de Constitucionalidad, fue el nudo de foco de presiones para que se doblegara ante las acciones ilegales de un Presidente de la República y un Congreso que en cada acción dejaban claro su compromiso por acabar con lo que la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y el Ministerio Público habían empezado ese 2015. Las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía, se levantaron en diversos momentos por vociferar su claro descontento. Sin embargo, aunque se logró frenar algunas acciones como los decretos del denominado “Pacto de Corruptos” (amnistía para el financiamiento electoral ilícito), éste contra ataque de las redes de corrupción se ha expandido y fortalecido a través de las redes sociales, las fake news, campañas de ataque y difamación a quienes lideran la lucha contra la corrupción, etc.

Es así, que no es ninguna sorpresa que esta lucha ahora haya sido movilizada hacia el panorama electoral. 2019 es un año atípico en el que las Elecciones Generales coinciden con la elección de Cortes (Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones). De esta manera, el Tribunal Supremo Electoral, el principal garante del proceso democrático más importante ha sido la evidente víctima en medio de diversos factores que han puesto a prueba su institucionalidad, eficiencia, y con ello, hasta la legitimidad del proceso. Entre estos factores contamos: la implementación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (con puntos clave en el tema de financiamiento electoral, prohibición del transfuguismo para candidaturas al Congreso, cambios sustanciales en la campaña electoral, y una ventana permanente para hacer mejoras después de cada elección, etc.) y la herencia de esa coyuntura que eliminó de la contienda (a pocas semanas del evento electoral) a dos de las tres mujeres punteras en cada encuesta: Zury Ríos, la hija del ex Presidente Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1982, y fue condenado a 80 años de cárcel por genocidio en el 2013, aunque posteriormente la condena fue anulada por supuestas deficiencias técnicas en el juicio, y Thelma Aldana, la estandarte de la lucha contra la corrupción en su posición al frente del Ministerio Público en la última gestión. Con esto, sumado a diversas acciones y decisiones que pusieron en cuestionamiento la imparcialidad y objetividad de fallos de distintas instituciones, tanto el Tribunal como la Contraloría General de Cuentas, las y los guatemaltecos asistimos el 16 de junio a ejercer nuestro derecho a elegir (entre lo que nos dejó el sistema y los magistrados del Tribunal y las Cortes). A pesar de todo, la sociedad civil acuerpó la expresión más democrática quizás de todo este proceso que a través los distintos órganos garantes, al final es la misma ciudadanía organizada la que cuida el voto, tanto a la hora de ejercerlo, como en el conteo.

Tristemente, de la misma manera como sucedió con los ataques viles hacia la Corte de Constitucionalidad, algunos grupos de interés se han levantado con un discurso que grita “Fraude”, no como quien de manera crítica puede decir que (como en tantos otros procesos) aún nos falta mucho por hacer de nuestra democracia una más representativa y libre en cada proceso de elección, sino como quien prefiere destruir la garantía de estas elecciones que fueron salvaguardadas por la ciudadanía, y seguramente dar aún más tiempo en el poder al peor gobierno de la historia democrática de Guatemala.

En estas tres semanas, con tropiezos y momentos que pintaban en lo surreal casi llegando a un realismo mágico propio de la obra “El Señor Presidente” de Asturias, se han subsanado algunos errores técnicos que permitieron dar tanta fuerza a esas voces que querían socavar la voluntad de muchas personas en ese 16 de junio.

Lo cierto es, que si bien nuestras instituciones en Guatemala hoy están lejos del ideal mínimo para una democracia sana, inclusiva, efectiva y diversa, muchos sabemos que lo peor que nos podría pasar es ni siquiera tener éstas y regresar a esas épocas en las que no había ningún instrumento legal para proteger los derechos de las personas y la sociedad civil. Lastimosamente, hasta aquellas leyes e instituciones que más han dado herramientas a las voces que piden cambios estructurales, se han visto bajo el ataque de grupos y personas que están dispuestas a destruir todo a su paso con tal que todo sea como antes del despertar del 2015. Tenemos ahora en segunda vuelta a dos candidaturas que han atacado durante este periodo electoral o durante sus acciones en política y gestiones de administración pública, derechos humanos como la vida y la libertad de expresión, y que, a pesar de un reiterado 70% de apoyo a la CICIG, se niegan a aceptar que ésta sigue siendo una pieza exógena clave para limpiar el sistema que nos tiene sumidos estructuralmente en un paraíso desigual.

Los desafíos son grandes, y si algo ha demostrado la sociedad civil organizada y un gran porcentaje de la ciudadanía, es que tenemos claro que la lucha es permanente y no nos rendiremos para defender nuestros derechos, las victorias conseguidas en los últimos años, y esta democracia imperfecta que debe resistir mientras consolidamos la visión y la hoja de ruta para transformarla.